Nilmary Boscan: “La protesta es un derecho no un crimen”

Nilmary Boscan: “La protesta es un derecho no un crimen”


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Entre los derechos humanos, ratificados por las naciones libres y democráticas se encuentran los siguientes artículos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” y “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”. Ahora bien, Venezuela ratificó y contempló en su carta magna dicho tratado de derechos humanos, entre los que se encuentra el artículo 68 que establece lo siguiente:

“Los ciudadanos y ciudadanas tiene derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La Ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”. Este artículo lleva implícito, el derecho a reunirse y el derecho a la libertad de expresión, sin que sean causales de persecución por parte del Estado.

La protesta es una acción cívica para expresar de manera pública alguna inconformidad, problemática o insatisfacción hacia alguna gestión gubernamental. También se puede presentar cuando existe violación de las garantías y principios constitucionales, por la conducta y políticas establecidas por el gobierno. El pluralismo de ideas, en un Estado democrático, libre e independiente, es respetado, porque de esta manera se busca un consenso para la solución de los problemas que aquejan un país. El gobierno que impone sus ideales de manera autoritaria y represiva para quien lo adverse, definitivamente, es totalitario.

Es deber del Estado garantizar el derecho a la protesta. Los órganos de seguridad deben estar prestos para proteger a los manifestantes y garantizar el orden público, Ningún funcionario puede utilizar armas en contra del pueblo, además de tratarse de un abuso de autoridad, es una flagrante violación de los derechos humanos ratificados en nuestra constitución como garantía para todo ciudadano.

La protesta no es un delito, es un derecho y el Estado es el garante del orden público, sin que esto represente el uso de armas o sustancias toxicas en contra de los manifestantes. El Estado debe garantizar el derecho a la vida de todos los que protestan pacíficamente.

Bajo ninguna circunstancia es admisible la violencia y la represión en las manifestaciones pacíficas. Es inconstitucional criminalizar la protesta porque además de ser un derecho humano, no es un delito. El crimen se presenta, cuando el Estado abusa de su poderío para reprimir ilegalmente las protestas pacificas, porque esta atentando contra todos los principios y garantías constitucionales inherentes a un país democrático. De igual manera nadie puede ser privado de su libertad por manifestar su opinión. “La protesta representa la voz del pueblo”.

Abog. Nilmary Boscan

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